En Viral en Dominicana recopilamos los datos reportados sobre este hecho.
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Por Jazmín Díaz- Entre enero de 2023 y junio de 2026, los tribunales dominicanos registraron 8,045 salidas con sentencias de condena o acogimiento en procesos contenciosos donde el Estado, sus ministerios u órganos autónomos y descentralizados figuraban como parte accionada. Se trata de miles de procesos en los que ciudadanos, empresas u otras partes acudieron a los tribunales para reclamar frente a actuaciones o decisiones de instituciones públicas. De ese total, 4,791 corresponden a tribunales de primera instancia y 3,234 a cortes de apelación y equivalentes.
La cantidad de sentencias registradas fue de 2,065 en 2023, 2,469 en 2024, 2,372 en 2025 y 1,139 durante los primeros seis meses de 2026. Los registros utilizados para esta investigación son identificables en las bases del Sistema de Gestión de Casos del Poder Judicial y están sujetos a verificación, según advierte la propia fuente.
Pero esas 8,045 sentencias no responden a un único tipo de conflicto. La información del Poder Judicial muestra que entre los procesos identificados figuran 1,184 recursos contenciosos tributarios, 1,047 recursos contenciosos administrativos, 303 casos de casación con envío, 155 acciones de amparo, 89 recursos de apelación y 38 demandas en justiprecio, además de otros procedimientos. Esto refleja que los litigios contra el Estado abarcan desde disputas relacionadas con impuestos y decisiones administrativas hasta reclamos por terrenos y procesos vinculados con la ejecución de sentencias.
La JCE encabeza la lista, pero el número de procesos no cuenta toda la historia
Cuando se observa la cantidad de sentencias según la institución que aparece como parte accionada, la Junta Central Electoral encabeza el listado con 4,525 registros, seguida por la Dirección General de Impuestos Internos, con 1,184; la Dirección General de Aduanas, con 391; el Ministerio de Educación, con 315, y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con 139. También aparecen el Estado dominicano, el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Presidencia de la República, Migración y Obras Públicas, entre otras instituciones.
Sin embargo, estas cifras requieren una lectura cuidadosa. El Poder Judicial aclara que se trata de cantidades por parte accionada, por lo que un mismo asunto o sentencia puede contener diferentes partes accionadas. Además, los datos son preliminares. Por eso, el número de sentencias asociadas a una institución no puede interpretarse automáticamente como una cantidad equivalente de indemnizaciones millonarias ni como una medida directa de cuánto dinero ha perdido esa entidad.
El caso de la Junta Central Electoral permite entender esa diferencia. Al revisar los asuntos registrados en primera instancia aparecen 941 procesos de nulidad de actas de nacimiento, 498 de impugnación de filiación paterna, 489 demandas en nulidad y 403 casos de nulidad de actas de nacimiento por duplicidad, además de otros procesos relacionados con filiación, reconocimiento y estado civil. Es decir, una parte importante de los registros asociados a la JCE está vinculada con conflictos del Registro Civil y la identidad de las personas, y no necesariamente con grandes condenas económicas.
Casi RD$11 mil millones registrados en pagos
Los registros entregados por el Ministerio de Hacienda y Economía contabilizan RD$10,994,824,279.45 pagados para cumplir sentencias judiciales. La base suministrada identifica, entre otros datos, la institución deudora, la persona física o jurídica beneficiaria, el tipo de demanda, el monto presupuestado y el monto efectivamente pagado.
Hacienda explica que las instituciones públicas pueden realizar pagos de condenaciones judiciales directamente con cargo a las disponibilidades de sus respectivos presupuestos, sin requerir necesariamente la intervención de ese ministerio. Por esa razón, sus registros no reflejan necesariamente la totalidad de los pagos efectuados por el Estado dominicano. Los casi RD$11 mil millones utilizados en esta investigación deben entenderse, por tanto, como el monto registrado en la información suministrada por Hacienda y no como una cifra definitiva de todo lo que el Estado ha desembolsado históricamente para cumplir sentencias.
La diferencia entre cantidad de procesos y costo económico queda clara al comparar las instituciones que acumulan más sentencias con aquellas que concentran los mayores desembolsos. La Dirección General de Bienes Nacionales, por ejemplo, registra 18 sentencias pagadas, pero los desembolsos alcanzan RD$3,848,238,680.54. El Ministerio de Hacienda aparece con apenas cuatro sentencias pagadas y, sin embargo, registra RD$2,624,640,418. Obras Públicas suma tres sentencias pagadas por RD$1,461,114,026.48, mientras que Medio Ambiente registra cuatro por RD$695,799,651.06 y el Consejo Estatal del Azúcar siete por RD$339,720,628.21.
La comparación revela una de las principales conclusiones de esta investigación: la cantidad de sentencias no necesariamente determina el impacto económico que una institución tiene sobre las finanzas públicas. Una entidad puede aparecer con cientos o miles de procesos y tener una exposición económica menor que otra que enfrenta pocos litigios, pero con indemnizaciones mucho más elevadas. En otras palabras, el costo para el Estado depende en gran medida de la naturaleza de cada conflicto y del monto establecido en las decisiones judiciales.
Una sola condena puede superar los mil millones de pesos
Los registros muestran que algunas de estas decisiones judiciales han generado desembolsos extraordinarios. Entre los pagos registrados aparecen RD$1,500 millones correspondientes al Ministerio de Hacienda, una indemnización de RD$1,030,692,600 asociada a Bienes Nacionales y otra de RD$831,982,074 correspondiente al Consejo Estatal del Azúcar, de acuerdo con la documentación histórica revisada.
También aparece en los registros más recientes un pago de RD$1,442,648,374.99 realizado por el Ministerio de Obras Públicas a Malespín Constructora, dentro del sector construcción. Ese desembolso por sí solo representa una parte significativa de los recursos registrados para cumplir sentencias judiciales y evidencia cómo un único litigio puede tener un impacto económico considerable sobre el presupuesto público.
Ganar una demanda no significa cobrar de inmediato
El impacto de una sentencia tampoco termina cuando el tribunal emite su decisión. Para que una condena contra el Estado pueda ser pagada deben cumplirse una serie de procedimientos, especialmente cuando se trata de decisiones que han adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada. Hacienda explica que recibe y tramita las decisiones judiciales que le son notificadas conforme a la Ley 86-11 y al procedimiento establecido para su incorporación al Presupuesto General del Estado.
Esto significa que para el ciudadano que gana un proceso contra el Estado existe una diferencia entre tener una sentencia favorable y recibir efectivamente el dinero reconocido por el tribunal. Mientras algunas condenas ya fueron pagadas completamente, otras permanecen pendientes o han sido saldadas solo de manera parcial.
La documentación sobre sentencias parcialmente pagadas identifica más de RD$555 millones pendientes dentro de los expedientes incluidos en esa base. Entre estos procesos aparecen reclamaciones de expropiación contra Bienes Nacionales y el Instituto Agrario Dominicano, así como obligaciones relacionadas con el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de la Vivienda y Edificaciones.
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