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En República Dominicana, menores de edad y personas envejecientes en condición de vulnerabilidad continúan enfrentando situaciones de abandono y maltrato, pese a los programas y organismos destinados a su protección. Ante esta realidad, el nuevo Código Penal establece penas más severas para quienes incurran en estos delitos, que pueden ir desde dos hasta 30 años de prisión, según las circunstancias y consecuencias del hecho.
De acuerdo con datos del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape), entre 2020 y 2025 fueron recibidas 2,675 denuncias por maltrato a personas envejecientes, incluyendo conflictos familiares, maltrato psicológico, abandono y violaciones al derecho de propiedad. Mientras, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) reportó 1,114 denuncias durante 2025, unas 200 más que las registradas en 2024.
Las cifras evidencian la persistencia de esta problemática y plantean el desafío de fortalecer la protección de estos grupos vulnerables. Con el endurecimiento de las sanciones surge una interrogante: ¿serán las nuevas penas suficientes para reducir los casos de abandono y maltrato?
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Estadísticas de las denuncias
El Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE) informó que, a través de su Departamento de Denuncias y Seguimiento de Casos, recibió un total de 2,675 denuncias entre septiembre de 2020 y junio de 2025, de las cuales 1,419 correspondieron a mujeres y 1,256 a hombres.
De acuerdo con lo informado en el Boletín Epidemiológico del Ministerio de Salud Pública, correspondiente a la semana 23, de manera preliminar, las denuncias más comunes incluyen conflictos familiares (616), maltrato psicológico (282), abandono (399) y violación al derecho de propiedad (317).
Por otro lado, la Oficina Nacional de Estadística (ONE) mantiene en su portal un registro de las denuncias por año, comprendido entre 2022 y 2025, emitido por la administración del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI), que indica que el año pasado se registró un cúmulo de casi 3,000 casos.
En ese orden, se presenta la tabla:
Leyes y programas buscan reforzar la protección de envejecientes y menores
La protección de personas envejecientes y menores de edad cuenta con un marco legal que contempla derechos y sanciones frente a situaciones de abandono y vulnerabilidad. Con la próxima entrada en vigor de la Ley 74-25 del Código Penal, los artículos 155, 156, 214 y 215 y sus párrafos establecen un aumento de las sanciones para estos delitos, con penas de dos hasta 30 años de prisión, dependiendo de los casos y sus agravantes.
En el caso de los adultos mayores, el artículo 57 de la Constitución establece su derecho a atención médica oportuna, medicamentos, una pensión justa y a tiempo, un techo propio y recreación. También dispone que los ancianos desamparados tienen derecho a estancias gratuitas que garanticen los cuidados especiales que requieren.
Entre los programas dirigidos a las personas más vulnerables se encuentran el Programa Protección a la Vejez en Pobreza Extrema y la Tarjeta Solidaridad.
Para los menores de edad, la Ley 136-03 establece el marco legal para su protección integral y regula los derechos fundamentales de niños, niñas y adolescentes, así como la responsabilidad del Estado, la sociedad, las familias y los individuos desde su nacimiento hasta cumplir los 18 años.
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